COMUNIDAD

Ginebra, 10 de febrero de 2026.-  En el marco del 92.º período de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas, el Estado argentino fue sometido a un examen periódico marcado por las alertas de la sociedad civil sobre un retroceso sistémico en las políticas de igualdad. 

La Campaña GQUAL, junto con Amnistía Internacional Argentina, ELA, la Red de Mujeres para la Justicia, CEJIL y equipos académicos de la UBA y la UNLP, pusieron especial énfasis en la participación igualitaria de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. 

Durante la comparecencia, las organizaciones señalaron que el Estado argentino desmanteló instituciones fundamentales, derogó normas que promovían la paridad en candidaturas internacionales y puestos diplomáticos, y evitó promover mujeres en la Suprema Corte de Justicia pese a un histórico récord de subrepresentación.

El diagnóstico confirmó una brecha crítica marcada por un patrón de segregación vertical en el que los varones tienen hasta 3,7 veces más posibilidades de alcanzar las máximas jerarquías.

El caso más emblemático de esta disparidad es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunal que en 162 años de historia solo ha contado con tres integrantes mujeres frente a una abrumadora mayoría de 104 magistrados varones. Lejos de revertir esta subrepresentación, el Poder Ejecutivo optó por cubrir las vacantes actuales con candidaturas exclusivamente masculinas, calificando la diversidad de género como una “exigencia no excluyente” y desconociendo así los mandatos internacionales de igualdad sustantiva.

El déficit de paridad se manifiesta como un fenómeno estructural que atraviesa todo el organigrama estatal, desde una Jefatura de Gabinete centralizada en liderazgos varones hasta un gabinete ministerial donde las mujeres ocupan menos de un tercio de las carteras (30,8%). Esta desigualdad se vuelve absoluta en el plano provincial, ante la inexistencia total de gobernadoras y la prevalencia de gabinetes locales que omiten el estándar de participación mínima femenina

Finalmente, este retroceso afecta de manera directa la participación igualitaria de las mujeres en los espacios internacionales de representación, tanto diplomáticos como en órganos y mecanismos internacionales. 

Desde GQUAL advertimos que, tras haberse convertido en el primer país de la región en establecer un proceso de nominación de candidaturas internacionales transparente, participativo y paritario, Argentina derogó dicho mecanismo en julio de 2025, eliminando explícitamente los criterios de paridad, diversidad y participación. Esta decisión implicó un grave retroceso, especialmente si se considera que ese proceso había permitido elevar la representación de mujeres del 33 % en 2022 al 77 % en 2024.

“Derogar un proceso transparente que incorporaba criterios de paridad en las nominaciones a cargos internacionales no es un ajuste menor: debilita las garantías de igualdad, compromete la representación del Estado y entra en tensión con el artículo 8 de la Convención”, afirmó Agatha Ciancaglini Troller, Coordinadora de Incidencia de GQUAL, durante su comparecencia.

Aun cuando estos retrocesos erosionan la calidad democrática, debilitan la legitimidad institucional y reducen la capacidad del poder público para garantizar derechos, durante el examen el Estado argentino eludió respuestas directas a varias de las preguntas formuladas por el Comité sobre esta situación y se amparó en argumentos incompatibles con sus obligaciones internacionales, afirmando por ejemplo, que la paridad y las medidas especiales de carácter temporal serían contrarias al mérito o incluso reforzarían estereotipos perjudiciales para las mujeres.

Esa defensa, sin embargo, parte de una premisa equivocada: el mérito no se evalúa en condiciones de igualdad cuando existen desigualdades estructurales que excluyen sistemáticamente a las mujeres de los espacios de poder. Medidas que promuevan la paridad y la representatividad no sólo garantizan la igualdad sustantiva, sino que fortalecen la legitimidad e impacto de las instituciones y ensanchan el conjunto de experiencias y experticias que nutren a las instituciones.

La Recomendación General N.º 40 del Comité CEDAW es explícita al respecto: las medidas de paridad no reemplazan criterios de idoneidad, sino que corrigen sesgos históricos, institucionales y culturales que han distorsionado durante décadas la noción misma de mérito. La persistente exclusión de las mujeres de los máximos espacios de decisión no responde a una falta de capacidades, sino a estructuras que han limitado su acceso, visibilidad y reconocimiento.

Tras este examen, GQUAL y la coalición de organizaciones firmantes mantendrán el monitoreo sobre las recomendaciones que el Comité emita al Estado argentino, con el objetivo de revertir los retrocesos que hoy amenazan los derechos humanos de las mujeres y diversidades.

Si quieres consultar más informácion sobre la evaluación del Estado argentino ante la CEDAW accede al documento “Relatos oficiales” co- firmado por GQUAL, Amnistía Internacional, CEJIL, FAICA, REDI, CELS, CLADEM y ACDH,