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CSW70: Del Compromiso al Poder— Aprovechar la CEDAW como hoja de ruta hacia la paridad

El 11 de marzo durante CSW70, GQUAL, ONU mujeres, la CEDAW, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), y  la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO), con el apoyo de Colombia,  España, y la República de Liberia, convocamos un diálogo de alto nivel sobre liderazgo global, el Artículo 8 de la CEDAW y la Recomendación General núm.40. 

El evento sirvió también para conmemorar los 45 años de la convención CEDAW y no se trató de una discusión sobre cifras, sino sobre el poder, el acceso y las reglas estructurales que determinan quien representa a los Estados, quiénes configuran la gobernanza global y quién interpreta y desarrolla el derecho internacional. 

En un momento en que el multilateralismo y el derecho internacional están bajo ataque, en que se abren procesos decisivos de renovación de liderazgos —incluida la selección de una nueva persona titular de la Secretaría General de la ONU en 2026— y en que se profundiza la reacción contra la igualdad de género, reafirmar la paridad no es solo una cuestión de justicia: es una cuestión de legitimidad global y de estrategia.

Quién detenta el poder en la gobernanza internacional — y por qué importa

La gobernanza internacional moldea el mundo en que vivimos. Desde la diplomacia y el liderazgo multilateral hasta los tribunales internacionales y los órganos de derechos humanos, estas instituciones toman decisiones que impactan la paz, la justicia, la acción climática, el desarrollo y los derechos humanos de miles de millones de personas. Y, sin embargo, la persistente subrepresentación de las mujeres en estos espacios sigue planteando una pregunta de fondo: no solo sobre igualdad, sino también sobre la legitimidad y la credibilidad que reside en la toma de decisiones en espacios internacionales.

Al abrir la conversación, Maria Noel Leoni, directora ejecutiva adjunta de CEJIL y Fundadora de GQUAL subrayó esa tensión: estas instituciones no pueden reclamar legitimidad si no reflejan la diversidad de las sociedades a las que dicen servir.

Los datos compartidos al largo del evento ilustran la magnitud de la brecha: 

• 72 países nunca han tenido una mujer que los represente en la Asamblea General de las  Naciones Unidas  (voces GWL)
• A nivel global, sólo el 22.5% de los embajadores son mujeres (Mujeres ONU)
• Las mujeres representan el 57.85% en los procesos en los que no se requiere nominación estatal,  pero esta cifra desciende al 38.03% cuando el acceso depende de la nominación Estatal (Ranking GQUAL)
• A lo largo de la historia de la Corte Internacional de Justicia, solo 6 sode sus  115 integrantes fueron mujeres (GQUAL)

“Esta falta de representación no ocurre por accidente —y ciertamente no refleja una escasez de mujeres calificadas—”, enfatizó Maria Noel Leoni.

Más bien, responde a barreras estructurales y sesgos institucionales que reproducen el status quo: normas informales de movilidad constante, estándares de desempeño masculinizados, cargas desiguales de cuidado, sistemas de nominación opacos y politizados, así como un acceso desigual a redes políticas y profesionales.

Sin embargo en la discusión quedó claro que no se trata únicamente de remover barreras, sino de replantear qué entendemos por representación y por qué importa. Como señaló Naima Ben Yahia, ministra de Solidaridad, Integración Social y Familia de Marruecos, fortalecer la presencia de las mujeres en la diplomacia no es simplemente una cuestión de igualdad formal o de protocolo. “Se trata de encarnar los valores de justicia e igualdad de oportunidades, y de reconocer la contribución esencial de las mujeres a la toma de decisiones internacionales”.

Ese cambio de enfoque es crucial, porque desplaza la conversación más allá del acceso y la sitúa en el terreno del papel sustantivo que las mujeres desempeñan en la configuración de instituciones, prioridades y resultados.

Por eso, como insistieron varias de las personas participantes, la paridad no puede reducirse a una cuestión de presencia. Debe entenderse, más bien, como una pregunta sobre quién ejerce autoridad, quién define agendas y quién logra sostener el poder una vez que entra en esos espacios.

Como afirmó Susana Malcorra, presidenta y cofundadora de GWL Voices: “No se trata solo de representación, aunque sí lo es. Se trata de poder, y eso es exactamente lo que necesitamos desafiar”.

En esa misma línea, Laura Dupuy, representante permanente de Uruguay ante las Naciones Unidas en Nueva York, advirtió: “No podemos dejar fuera a la mitad de la población”. La representación y la diversidad no son únicamente cuestiones de equidad; son también condiciones indispensables para la confianza pública y la eficacia de las instituciones internacionales.

Como señaló además Arlene B. Tickner, Embajadora Itinerante para Asuntos de Género y Política Global Feminista, Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia lo que está en juego es, en última instancia, la democracia misma: qué significa garantizar derechos, representación y legitimidad en la vida internacional. 

A partir de esa idea, Darja Bavdaž Kuret, enviada especial y embajadora para Mujeres, Paz y Seguridad de Eslovenia, recordó que la igualdad y la paridad de género no son solo asuntos de poder, sino también de justicia social.

La paridad como exigencia del derecho internacional: CEDAW, Artículo 8 y Recomendación General No. 40

Los espacios de decisión internacional son moldeados por los Estados, son los gobiernos quienes nominan, designan y eligen a diplomáticas y diplomáticos, liderazgos multilaterales, juezas, jueces y personas expertas, y quienes también inciden en los acuerdos y reglas multilaterales que definen la composición y el liderazgo de las organizaciones internacionales. Por eso, estas decisiones no son neutras: están sujetas al derecho internacional y deben alinearse con las obligaciones jurídicas de los Estados.

Durante 45 años, la CEDAW ha sido uno de los instrumentos más poderosos para impulsar los derechos de las mujeres. Y sigue siendo, además, el único tratado internacional que garantiza explícitamente la participación igualitaria de las mujeres en el ámbito internacional a través del Artículo 8.

La Recomendación General No. 40 profundiza esa base normativa al dejar claro que la paridad no es una medida temporal ni una aspiración política. Es el estándar permanente de la igualdad sustantiva y exige una representación 50/50 en todos los espacios de toma de decisiones, incluida la gobernanza internacional.

En otras palabras, la participación igualitaria en la representación internacional no es solo una estrategia conveniente: es una obligación jurídica. Como lo expresó con claridad Nahlah Haidar, presidenta del Comité CEDAW: “El Artículo 8 es inequívoco. Las mujeres deben tener la oportunidad de representar a sus gobiernos en el plano internacional y de participar en el trabajo de las organizaciones internacionales en igualdad de condiciones con los hombres”.

La conversación también dejó claro que no se trata simplemente de estar presentes, sino de participar plenamente y de estar “al mando”, como subrayó Jay Dharmadhikari, representante permanente adjunto de Francia ante las Naciones Unidas en Nueva York. Su intervención afinó uno de los argumentos centrales del encuentro: las normas jurídicas importan, pero deben traducirse en realidad institucional. La Recomendación General No. 40, insistió, “debe ser conocida. Todo el mundo debe estar al tanto. Es una cuestión de conciencia. De lo contrario, no funciona”.

La conexión entre norma jurídica y práctica política también apareció en la intervención de Spogmay Ahmed, directora adjunta de Feminist Foreign Policy Collaborative, quien señaló que la diversidad en la toma de decisiones y el fortalecimiento del papel de las mujeres transforman la forma en que se diseñan y se entienden las políticas exteriores.

Y, sin embargo, casi cinco décadas después de la adopción de la CEDAW, la implementación sigue siendo profundamente desigual.

Ese fue, de hecho, uno de los hilos más nítidos de la conversación: el sistema multilateral no enfrenta un déficit de estándares normativos, sino un déficit de implementación.

Jan Beagle, directora general de la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO), sintetizó esa tensión al recordar que la igualdad ante la ley es esencial, pero insuficiente. Las mujeres también deben tener el mismo poder para moldear la ley, aplicarla y representar a sus países en los espacios internacionales. Y ese proceso, subrayó, comienza a nivel nacional, en los servicios diplomáticos, la administración pública y los sistemas judiciales.

De las normas al cambio institucional

A lo largo del diálogo, las personas participantes coincidieron en una agenda clara y concreta para operativizar el Artículo 8 y la Recomendación General No. 40, a través de la institucionalización de procedimientos de nominación transparentes, metas de paridad en los servicios diplomáticos y en el liderazgo internacional, sistemas de reclutamiento y promoción con perspectiva de género, trayectorias de mentoría y liderazgo para mujeres, entornos profesionales seguros y habilitantes, participación inclusiva de la sociedad civil y mecanismos sólidos de monitoreo respaldados por datos fiables y desagregados.

No se trata de recomendaciones abstractas. Son herramientas concretas ya identificadas en la CEDAW, en la Recomendación General No. 40 y en los marcos de política pública discutidos durante el encuentro.

Como enfatizó Ana María Alonso, embajadora de Política Exterior Feminista del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación de Españaa: “Es necesario que las palabras se conviertan en acciones. No podemos tener políticas que no se implementen en el terreno y que no cuenten con financiamiento”.

Ese énfasis en la implementación fue retomado por Sarah Hendriks, directora de la División de Políticas, Programas y Asuntos Intergubernamentales de ONU Mujeres quien señaló que el progreso llega cuando el liderazgo político se alinea con la reforma institucional, aunque advirtió que ello no ocurre de manera automática ni inevitable. “Requiere voluntad política sostenida, recursos y rendición de cuentas”.

Rwanda ofreció un recordatorio poderoso de que la implementación sí es posible. Como señaló Nadine Umutoni Gatsinzi, viceministra de género de la Oficina del Primer Ministro de Rwanda, el país ha trabajado para hacer que sus compromisos con la CEDAW sean “constitucionalmente vinculantes y operativamente reales”, traduciendo obligaciones jurídicas en cambios institucionales concretos mediante cuotas de género, mecanismos de monitoreo e inversión sostenida en el liderazgo público de las mujeres. Su experiencia mostró que el avance en la representación internacional no ocurre de manera aislada, sino que se construye desde estructuras nacionales que abren, deliberadamente, espacio para que las mujeres lideren.

Pero incluso cuando la implementación empieza a tomar forma, la conversación no puede detenerse en el acceso. También exige cuestionar la comodidad de la paridad simbólica. Para Marta Ferreyra Beltrán, candidata de México al Comité CEDAW, la paridad no puede reducirse a contar cuántas mujeres hay en una sala, sino de sustancia: de qué piensan las mujeres líderes, qué desigualdades enfrentan y cuán comprometidas están con transformar las estructuras que históricamente han excluido a las mujeres y a las niñas.

En ese sentido, operativizar el Artículo 8 es, al mismo tiempo, un proyecto institucional y un proyecto político.

También exige invertir de forma sostenida en las trayectorias de liderazgo. Como subrayó Shradha Shrestha, ministra de Mujeres, Infancia y Personas Mayores de Nepal, las rutas de mentoría de largo plazo y el desarrollo del liderazgo son esenciales para fortalecer el avance de las mujeres dentro de la administración pública y la representación internacional.

Y, de manera igualmente importante, estos esfuerzos no pueden desligarse del movimiento global por los derechos de las mujeres. Como destacó Esther Mwaura-Muiru, directora global de Incidencia de la campaña Stand for Her Land en Landesa, la relación entre las mujeres en posiciones de liderazgo y los movimientos feministas ha sido central para impulsar cambios, tender puentes entre la incidencia, la política pública y la reforma institucional.

Esa dimensión también apareció en la intervención de Nene Goita, coordinadora de programa de SSR y EVAWG de la Red de Desarrollo y Comunicación de las Mujeres Africanas (FEMNET), quien advirtió que la paridad en la representación internacional seguirá fuera de alcance mientras los Estados no enfrenten las barreras estructurales que continúan excluyendo a las mujeres africanas de los espacios diplomáticos y de toma de decisiones globales, y mientras el Artículo 8 no sea tratado en la práctica como una obligación vinculante.

La próxima Secretaría General: una prueba de credibilidad

La conversación regresó una y otra vez a un caso inmediato y altamente visible: la selección de la próxima persona titular de la Secretaría General de las Naciones Unidas. Como dijo con claridad la embajadora Ana María Alonso, “la próxima Secretaría General de esta organización necesita ser una mujer”.

No se trata de un punto accesorio, sino que es el momento institucional perfecto para identificar si los Estados están realmente dispuestos a traducir en hechos los principios que dicen respaldar.

Si la ONU sigue defendiendo la participación igualitaria de las mujeres en todo el mundo y, aun así, nunca ha nombrado a una mujer para su cargo más alto en casi ochenta años, la contradicción se vuelve imposible de ignorar.

Como insistió Nahlah Haidar, la credibilidad importa. Si se exige igualdad en la toma de decisiones en todas partes, el liderazgo de las Naciones Unidas debe reflejar ese principio.

Este momento también se conecta con luchas estructurales más amplias a lo largo de todo el sistema multilateral. Como señaló Susana Malcorra, los debates sobre la paridad —ya sea en la selección de la Secretaría General o en propuestas como la rotación de género en la presidencia de la Asamblea General— no son ejercicios simbólicos. “Estas batallas no son simples formalidades institucionales. Se trata de confrontar poderes arraigados y de negarse a aceptar otra oportunidad perdida”.

En última instancia, esto no se juega en un solo nombramiento. Lo que está en juego es si el sistema internacional está dispuesto —y es capaz— de alinear su liderazgo con los valores que afirma defender.

De las normas al poder

El evento dejó una conclusión inequívoca: los marcos existen, los estándares están establecidos y las rutas son conocidas. Lo que falta es implementación.

“Sin una representación igualitaria e inclusiva de las mujeres, los sistemas no funcionan. Carecen de legitimidad, se quedan cortos en efectividad y no logran reflejar las realidades de las personas a las que sirven”, concluyó María Noel Leoni.

La paridad de género no es un añadido a la gobernanza internacional. Es una condición de su credibilidad y de su impacto.

Y, en la medida en que avanza el proceso para nombrar a la próxima persona titular de la Secretaría General, este se convierte en una oportunidad decisiva para transformar los compromisos en realidad.