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Paridad, democracia y derechos humanos: por qué la igualdad en el poder es una condición de la democracia

El 17 de marzo, en Brasilia, GQUAL y CEJIL organizaron el evento paralelo “Paridad de género, democracia y derechos humanos”, con el apoyo del Tribunal Superior del Trabajo y la Comisión Interamericana de Mujeres, en el marco de las audiencias públicas convocadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la solicitud de Opinión consultiva sobre democracia y su protección en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

El encuentro reunió a juezas, funcionarias públicas, especialistas y organizaciones de la sociedad civil para afirmar una idea que hoy resulta central para el debate jurídico regional:  La paridad de género es un principio democrático y la medida del derecho a la igualdad en la participación política y pública.

En su participación Claudia Martin, integrante del Secretariado de GQUAL y co-directora de la Academy on Human Rights and Humanitarian Law de American University, sostuvo que la paridad de género en los espacios de toma de decisión es la medida para avanzar el derecho a la igualdad y fortalecer la legitimidad y el impacto de todas las instituciones en cualquier sistema de gobierno.

Claudia Martin explicó que la igualdad no puede entenderse únicamente en términos formales, ya que en la mayoría de los casos que afectan a grupos históricamente subrepresentados la ley no establece discriminaciones directas. La exclusión, más bien, opera a través de estructuras sociales, institucionales y culturales aparentemente neutrales que restringen el acceso real al poder.

Por eso, insistió en que la igualdad debe leerse como igualdad sustantiva, porque sólo desde esa perspectiva es posible identificar las barreras estructurales que siguen excluyendo a las mujeres de la vida política y pública.

En ese marco, Martin recordó además que la discriminación que sufren las mujeres debe analizarse a la luz de la jurisprudencia interamericana sobre igualdad y no discriminación, particularmente en relación con las categorías sospechosas. Esto significa que, cuando una distinción afecta a un grupo históricamente subordinado, el estándar de revisión aplicable al Estado debe ser más estricto y exigir una justificación reforzada.

Ese razonamiento conduce a una conclusión que hoy ocupa un lugar central en el debate regional: la paridad constituye un principio democrático indispensable para la construcción de instituciones legítimas, representativas e inclusivas

La intervención de la Jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Verónica Gómez, situó esa discusión en el contexto político más amplio que atraviesa hoy la agenda de igualdad. Su advertencia fue clara: el inicio del siglo XXI también está marcado por un fenómeno de retrocesos frente a avances que durante décadas parecían consolidados. Debates que parecían resueltos en torno a la diferencia entre igualdad formal e igualdad material vuelven a ponerse en cuestión, mientras que las acciones afirmativas y las medidas paritarias enfrentan resistencias crecientes en distintos ámbitos políticos y sociales.

Su reflexión resultó especialmente relevante porque recordó que la disputa por la paridad no ocurre en abstracto ni en una línea automática de progreso, sino en un momento histórico en el que diversos actores buscan debilitar herramientas de igualdad precisamente cuando estas empiezan a alterar de manera más visible la distribución tradicional del poder.

Esa dimensión política también apareció en la reflexión compartida por Ísis Táboas, Asesora Especial de la Ministra de las Mujeres de Brasil; quien retomó una intervención escuchada durante las audiencias para señalar algo que con frecuencia queda fuera del lenguaje técnico: por más sólidos que sean los argumentos jurídicos, esta también es una disputa por el poder. 

La observación resulta particularmente reveladora porque muestra que la resistencia a vincular paridad y democracia no responde únicamente a un desacuerdo interpretativo, sino también a la persistencia de estructuras que se resisten a redistribuir el poder. 

Por su parte, Alejandra Mora Mora, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) conectó el debate con la experiencia regional acumulada y con las herramientas concretas que el sistema interamericano ha venido desarrollando para fortalecer la participación política de las mujeres. Su aporte subrayó que la paridad no es una consigna simbólica, sino una herramienta concreta para hacer operativos los derechos políticos y para traducir compromisos normativos en transformaciones institucionales verificables.

Desde la experiencia de la CIM, Alejandra Mora destacó además una distinción clave: mientras los sistemas basados en cuotas suelen producir avances graduales, la paridad tiene la capacidad de generar transformaciones más profundas en los espacios de decisión. Por eso, el desafío actual no consiste solo en defenderla políticamente, sino también en consolidarla como un principio interpretativo capaz de orientar el alcance del derecho a la participación política.

La dimensión nacional del problema también estuvo presente en las intervenciones de Adriana Melonio, jueza auxiliar del Consejo Nacional de Justicia de Brasil, y Luciana Zaffalon, directora ejecutiva de Plataforma Justa, quienes mostraron cómo estas discusiones tienen expresiones concretas en el funcionamiento cotidiano de los sistemas de justicia. En el caso brasileño, Melonio destacó avances normativos importantes, aunque advirtió que el acceso formal no elimina por sí solo la desigualdad estructural, mientras que Zaffalon subrayó que la subrepresentación también afecta a instituciones clave como el Ministerio Público.

Vistas en conjunto, las intervenciones de Brasilia reafirmaron una idea central para la incidencia regional: la paridad no es un objetivo sectorial ni una demanda periférica dentro de la agenda de igualdad, sino un principio estructural de la democracia.

En ese sentido, el proceso actualmente abierto ante la Corte Interamericana representa una oportunidad histórica para afirmar con mayor claridad que no puede haber democracia plena mientras la mitad de la población continúe sistemáticamente excluida de los espacios donde se toman las decisiones.