Posicionamiento conjunto sobre las modificaciones a los procesos de designación judicial en Argentina
GQUAL el Centro Por la Justicia y el Derecho Internacional, se sumaron al pronunciamiento de nueve organizaciones de la sociedad civil que advierten sobre las modificaciones introducidas por el Decreto 467/2026 en los procesos de designación de autoridades judiciales en Argentina.
El decreto, aprobado por el Poder Ejecutivo el 16 de junio, modifica dos normas que durante más de dos décadas establecieron mecanismos de transparencia, participación ciudadana y escrutinio público en la selección de jueces y juezas, fiscales, defensorías y autoridades del sistema judicial.
Con esta reforma se eliminan dos garantías centrales. Por un lado, se suprime la posibilidad de que la ciudadanía presente observaciones, apoyos o impugnaciones antes de que las candidaturas sean enviadas al Senado. Por otro, se eliminan criterios orientados a promover la igualdad de género, la diversidad y la representación federal en las propuestas para integrar la Corte Suprema de Justicia.
Junto a ACIJ, Poder Ciudadano, ELA, Amnistía Internacional, Democracia en Red, CELS, INECIP y CEJIL, señalamos que este no es un cambio meramente procedimental: constituye un retroceso en materia de participación pública, transparencia institucional e igualdad en el acceso a los máximos espacios de decisión judicial.
Desde GQUAL expresamos profunda preocupación frente a los argumentos que buscan excluir las consideraciones de género de estos procesos, pues desconocen e invisibilizan las obligaciones asumidas por Argentina en materia de igualdad y no discriminación, reconocidas en tratados internacionales ratificados por el país, como la CEDAW.
Estas modificaciones resultan especialmente preocupantes en un contexto en el que la integración de la Corte Suprema ha sido cuestionada por la ausencia de paridad de género, y luego de que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresara su preocupación por los retrocesos en materia de igualdad y participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión.
Reducir los espacios de participación ciudadana y eliminar criterios de diversidad envía una señal profundamente preocupante. La designación de autoridades judiciales exige más controles, más transparencia y más diversidad, no menos.
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