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Las instituciones internacionales de justicia moldean las normas globales, los marcos de rendición de cuentas y el Estado de derecho. Sin embargo, las mujeres siguen estando significativamente subrepresentadas en los puestos de toma de decisiones en las cortes internacionales, los órganos de tratados de las Naciones Unidas y otros espacios del derecho internacional.

El informe Voices from the Bench: Women Shaping International Justice, publicado en marzo de 2026 por GQUAL y ONU Mujeres, aporta evidencia cualitativa e institucional de que la participación de las mujeres en la justicia internacional no es solo una cuestión de igualdad, sino también de legitimidad, credibilidad institucional y calidad en la toma de decisiones.

El informe se basa en entrevistas con 23 mujeres que trabajan en sistemas internacionales y regionales —incluyendo la Corte Penal Internacional, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, los órganos de tratados de la ONU, los tribunales regionales de derechos humanos y los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas— y demuestra que:

1. Las mujeres siguen estando subrepresentadas en los principales órganos judiciales internacionales
2. La paridad requiere una acción coordinada de los Estados en los procesos de nominación y elección
3. la participación de las mujeres ha fortalecido la jurisprudencia, la cultura institucional y la interpretación del derecho internacional con perspectiva de género
4. La interseccionalidad debe ser un elemento central de los esfuerzos por la paridad para evitar una “paridad de élite”

Mujeres que construyen la justicia internacional en La Haya

La Haya, sede de las principales cortes internacionales, constituye un espacio simbólico y políticamente poderoso para convocar una discusión en torno a la paridad de género y vínculo como estándar estructural de la justicia internacional. Esta discusión es especialmente oportuna en un año en el que tendrán lugar elecciones judiciales clave en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la Corte Penal Internacional (CPI), el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, así como la elección de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) en 2027.

El 21 de mayo de 2026, la campaña GQUAL, junto con la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO), los International Gender Champions en La Haya y el Gobierno de Canadá, organizaron un evento de alto nivel con el objetivo de:

• Presentar las principales conclusiones del informe Voices from the Bench: Women Shaping International Justice.
• Reafirmar las obligaciones de los Estados en virtud de los tratados internacionales y de la Recomendación General núm. 40 del CEDAW, que insta a garantizar la paridad 50:50 en los espacios internacionales de toma de decisiones.
• Destacar buenas prácticas en los procesos de nominación y elección, mediante procedimientos nacionales de nominación y votación transparentes que incorporen criterios de paridad y competencia en materia de género.
• Posicionar a La Haya como un centro de referencia para el liderazgo en favor de la igualdad de género en la justicia internacional

El evento reunió a un panel de destacadas figuras del ámbito jurídico internacional, junto con representantes de los Estados. Asimismo, contó con la participación de representantes gubernamentales, personal de las cortes y organizaciones internacionales con sede en La Haya, así como integrantes de la sociedad civil y del ámbito académico.

La apertura del evento estuvo a cargo de Fabricio Guariglia, director de la Oficina de IDLO en La Haya, y de Alejandra Vicente, integrante del Secretariado de GQUAL y Directora Jurídica de REDRESS. El panel fue moderado por Alix Vuillemin, Directora Ejecutiva de Women’s Initiatives for Gender Justice.

La discusión

Al ser consultada sobre el impacto de las mujeres juezas en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la importancia de la paridad de género en este órgano, la jueza de la CIJ Hilary Charlesworth señaló que la cuestión no debería centrarse en sí la presencia de las mujeres tiene un impacto positivo o negativo. Más bien, afirmó que la participación de las mujeres en los tribunales internacionales debe entenderse como una obligación jurídica.

En este sentido, la jueza Charlesworth hizo referencia a la nueva Recomendación General núm. 40 del CEDAW, que, aunque aborda de manera limitada las cortes y tribunales internacionales, establece claramente la paridad como una representación equitativa de 50:50 entre mujeres y hombres.

Charlesworth también observó que las mujeres juezas suelen mostrar un especial interés por las normas procesales, quizá porque estas constituyen una vía concreta para garantizar la igualdad de acceso a las instituciones judiciales. Asimismo, señaló que participó en la revisión de las reglas de procedimiento de la CIJ con el objetivo de incorporar un lenguaje inclusivo. Si bien modificar el Estatuto de la Corte es más complejo, actualmente existe un compromiso institucional para promover el uso de un lenguaje inclusivo en el conjunto de sus normas procesales.

Al ser consultada sobre el papel de las mujeres juezas y fiscales en la rendición de cuentas por crímenes internacionales, Michelle Jarvis, directora ejecutiva de Gender Justice Practitioner Hub, destacó que la ausencia de mujeres en los espacios de investigación puede afectar la calidad de la justicia para las víctimas. Según señaló, la participación de las mujeres en estos cargos contribuye a garantizar procesos más sólidos y resultados más justos para las personas a quienes están destinados. Asimismo, añadió que la ausencia de mujeres en estos espacios tienen consecuencias que suelen pasar desapercibidos, ya que se manifiestan detrás de escena.

Michelle Jarvis compartió varios ejemplos, entre ellos el caso Akayesu, cuando las juezas interrumpieron el proceso para solicitar a la fiscalía que evaluara la inclusión de cargos por violación tras el testimonio de víctimas sobre hechos de violencia sexual no incluidos en la acusación inicial. Este caso se convirtió en uno de los precedentes más emblemáticos del derecho penal internacional al reconocer la violación como una forma de genocidio.

Michelle Jarvis también recordó que, en una etapa temprana de su carrera, se le encomendó investigar la violación como una posible forma de genocidio. Según señaló, en aquel momento resultaba sumamente controvertido interpretar el genocidio desde una perspectiva de género, ya que se trataba de un enfoque sin precedentes. El caso Akayesu sentó un precedente que permite  comprender mejor la realidad que viven las mujeres y las niñas en situaciones de conflicto.

La expresidenta de la Corte Penal Internacional (CPI) y de la Asamblea de los Estados Partes (AEP), Silvia Fernández de Gurmendi, también destacó el papel de las juezas en el desarrollo del derecho penal internacional. Como ejemplo, mencionó el caso Lubanga, influenciado por los avances logrados en el caso Akayesu, en el que una jueza intentó ampliar los cargos para incluir delitos de violencia de género. Aunque la iniciativa no prosperó —ya que la Sala de Apelaciones revocó la decisión por motivos procesales—, marcó un precedente importante al llamar la atención de la Corte sobre la necesidad de integrar la perspectiva de género Posteriormente, la primera fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, contribuyó a consolidar este cambio institucional, lo que tuvo un impacto significativo en casos posteriores.

La conversación continuó con la vicepresidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la jueza Alapini-Gansou, quien señaló que las cuestiones que afectan a las mujeres son cuestiones que afectan a toda la humanidad. En su opinión, tratarlas por separado implica considerar a las mujeres como participantes incompletas dentro de la sociedad y de las instituciones.

Asimismo, destacó que el Estatuto de Roma exige que los Estados Partes tengan en cuenta la representación equilibrada de mujeres y hombres al momento de votar, así como la necesidad de que las personas candidatas cuenten con competencia en materia de género. Gracias a ello, actualmente la CPI cuenta con 11 mujeres entre sus integrantes. El desafío es que este estándar se aplique de manera consistente en todas las instituciones internacionales.

El embajador de Canadá, Hugh Adsett, fue consultado sobre las políticas que han permitido al país avanzar hacia la paridad de género en los cargos internacionales, señalando que la igualdad de género constituye un pilar fundamental de la política exterior canadiense y que su promoción requiere un compromiso deliberado y una coordinación sostenida en todos los niveles de gobierno.

Asimismo, destacó que la legitimidad es fundamental para las instituciones judiciales, ya que la percepción de legitimidad aumenta  cuando su composición refleja la diversidad de las sociedades a las que sirven. En este sentido, explicó que el Gobierno de Canadá utiliza la herramienta Gender-based analysis plus (GBA+) para identificar y abordar barreras estructurales en los procesos de selección, nombramiento y nominación de candidaturas a cargos internacionales.

El embajador también subrayó la importancia de fortalecer la trayectoria profesional de las mujeres. Señaló que actualmente solo 10 integrantes de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) son mujeres. Dado que la CDI constituye una importante vía de acceso a la CIJ y a otros órganos internacionales, es fundamental invertir en el desarrollo profesional de las mujeres desde etapas tempranas.

Asimismo, advirtió que los retrocesos en el ámbito multilateral han sido significativos. Por ello, subrayó que no basta con mantener los avances alcanzados, sino que es necesario redoblar los esfuerzos.

Consultada sobre las barreras prácticas que aún dificultan el acceso de las mujeres a cargos internacionales, la jueza Charlesworth destacó las desigualdades entre países en cuanto a los recursos disponibles para respaldar candidaturas. En este sentido, sugirió la creación de un fondo de apoyo para personas candidatas provenientes de África y de otras regiones con recursos limitados. Señaló que, sin la posibilidad de asistir a reuniones y establecer contactos en las Naciones Unidas, las candidaturas tienen menos oportunidades de prosperar. A su juicio, se trata de un problema concreto y solucionable. 

Al referirse a la opinión consultiva de la CIJ sobre el cambio climático, Charlesworth señaló que las voces de las mujeres del Pacífico —quienes impulsaron el caso— no tuvieron una presencia destacada en la opinión consultiva. En este contexto, subrayó que la interseccionalidad debe ocupar un lugar central y no ser considerada un aspecto opcional.

Consultada sobre la necesidad de abordar las estructuras de género en los procesos e instituciones de rendición de cuentas, Michelle Jarvis destacó el trabajo del Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente para Siria (IIIM) como un ejemplo positivo. Desde sus inicios, este mecanismo promueve un compromiso institucional con la igualdad de género. Según explicó, alcanzar este objetivo requirió liderazgo sostenido, mensajes claros y disposición para enfrentar resistencias internas.

Michelle  Jarvis también señaló un desafío persistente: cada nuevo mandato de las Naciones Unidas corre el riesgo de tener que empezar desde cero en la construcción de una cultura institucional más equitativa, lo que hace que el riesgo de retrocesos esté siempre presente.

 La expresidenta de la CPI  y de la AEP, Silvia Fernández de Gurmendi, señaló que los hombres han construido durante mucho tiempo alianzas profesionales que les han permitido impulsar mutuamente sus carreras y afirmó que las mujeres también deben fortalecer estos vínculos profesionales, especialmente porque siguen ocupando menos puestos de liderazgo.

Esto implica tanto acompañar y orientar a otras mujeres para que accedan a estos cargos, como apoyarlas para que puedan desempeñarlos de manera efectiva una vez que los alcanzan.

En ese sentido, compartió que durante su presidencia de la CPI, se puso en contacto con mujeres que ocupaban cargos de liderazgo en el Tribunal Especial para el Líbano y en las Salas Especializadas de Kosovo para fortalecer estos vínculos. Asimismo, trabajó con una red de asesoras jurídicas y promovió un programa de mentoría, afirmando que estas colaboraciones resultan fundamentales en todos los niveles.

Consultado sobre las medidas que los Estados podrían adoptar de cara a las elecciones judiciales previstas para 2026 y 2027, el embajador Adsett subrayó la necesidad de fortalecer los compromisos multilaterales y, en algunos casos, promover compromisos específicos en favor de la paridad. Estos compromisos permiten presentar la paridad como un objetivo compartido y no como una cuestión política.

El embajador también destacó que los procesos transparentes y basados en el mérito son los que producen las candidaturas más sólidas y legítimas, además de ser los más defendibles. Por último, en relación con la próxima elección de la Secretaría General de las Naciones Unidas, señaló que se trata de una oportunidad concreta para que los grupos regionales incorporen la perspectiva de género en sus deliberaciones y en el apoyo a las candidaturas.

En línea con el enfoque de la nueva publicación de GQUAL, en alianza con ONU Mujeres, Voices from the Bench, el debate puso de relieve el impacto de la paridad de género en el fortalecimiento de instituciones judiciales internacionales sólidas y eficaces. Asimismo, exploró los obstáculos que aún enfrentan las mujeres para acceder a estos espacios, así como posibles soluciones.

En un año marcado por elecciones clave en importantes instituciones judiciales internacionales, el debate invitó a las personas presentes y a una audiencia más amplia a trabajar conjuntamente hacia un modelo de justicia internacional más inclusivo, en beneficio de todas las personas.